Si no es una avería en la catenaria, es un fallo informático o un robo de cable, pero que cientos de miles de pasajeros se queden tirados en las estaciones de AVE tiene su precio. Renfe pagó 42 millones de euros en indemnizaciones por retrasos en 2023. Y tras cambiar las condiciones en julio de 2024, este año calcula que abonará solo 12,5 millones. Las nuevas compensaciones, que entrarían en vigor en el 2026, no afectarían a Ouigo o Iryo, solo a Renfe, que lo considera un trato discriminatorio. De hecho, abogados expertos creen que es contrario al principio de igualdad y libre competencia el hecho de que obligue a una empresa y no al resto. Podría también no desarrollarse la norma o incluso llevarla al Tribunal Constitucional.