Es imprescindible crear una nueva figura de vivienda de protección social de alquiler, que responda a las necesidades reales de la población de menos recursos, y que no pueda ser descalificada, es decir, vendida al mercado libre. Es la recomendación de Julio Rodríguez, experto en vivienda y sector financiero del grupo de Economistas Frente a la Crisis, que asegura, además, que tendrían que salir al mercado unas 40.000 anuales, durante un largo periodo de tiempo. Sólo así se podrá recuperar el parque de vivienda pública en España, donde se llegaron a construir seis millones que se han ido descalificando, quedando ahora menos de 300.000. Rodríguez desaconseja "construir por construir", porque no ayuda a bajar el precio de la vivienda y, en este sentido, recuerda que cuando más se ha construido en España (entre 1998 y 2007) más han subido los precios. Bajar los precios pasa por poner en el mercado vivienda asequible y "poner un tapón" para que no se pierdan más viviendas en el sector turístico y el alquiler temporal. Ramón Bultó, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, insiste en que las viviendas "protegidas" de alquiler del Plan Vive no son asequibles para la mayoría e incurren en "cláusulas abusivas" que obligan al inquilino a firmar para poder acceder a la vivienda y por las que se ve obligado a pagar el IBI, que es un impuesto a la propiedad de la vivienda, y los gastos de la comunidad de vecinos, que, según la LAU, deberían recaer en el arrendador. En este sentido, José María Muñoz, que vive de alquiler en una vivienda del Plan Vive, denuncia que las casas sufren desperfectos que tardan en reparar y explica que para pagar el alquiler de su casa, de una habitación, es necesario tener un sueldo de 1.700 euros al mes netos. Y si hablamos de compra, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto a la venta viviendas de VPO que pueden llegar a costar más de 300.000 euros y para lo que hace falta tener unos ingresos anuales de 40.000 euros. De manera que, como insiste Rodríguez, estas viviendas no son para población con pocos recursos, que se ven expulsados al mercado del alquiler habitacional y a compartir, casi de por vida, una vivienda si quieren independizarse.