Ni el secretario de Estado del Ministerio de Transformación Digital escapa a esas llamaditas constantes. Harto, como todos, el Gobierno va a prohibir las llamadas comerciales desde números 600 y también las sospechosas con origen en el extranjero. Además, habrá sanciones duras: por faltas leves hasta 100.000 euros y las graves llegarán a los dos millones. La OCU denuncia que afecta a 9 de cada 10 personas. Una práctica tan expandida como peligrosa. Desconfiar es clave, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad. En 2023, 3 de cada 10 usuarios han denunciado intentos de fraude telefónico. El delito que más aumentó el año pasado, superando el 25%, fue la ciberdelincuencia.

-Redacción-