El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una gran inmobiliaria que alquila miles de viviendas en distintas comunidades autónomas de España, tras detectar durante su investigación varios posibles incumplimientos en los contratos de arrendamiento. Según ha informado Pablo Bustinduy, la compañía habría incurrido en cuatro potenciales infracciones relacionadas con cláusulas que podrían considerarse abusivas. Entre ellas figuran la imposición de un seguro de impago al inquilino, la inclusión de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada en un contrato de adhesión y la aplicación de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda. El expediente también señala la posible incorporación de una cláusula que obliga al arrendatario a asumir gastos y sanciones injustificadas vinculadas a los equipos de suministros y al cambio de titularidad de estos servicios.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1.- DECLARACIONES PABLO BUSTINDUY, MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030