Es el Ministerio de Hacienda de Montoro, el entonces ministro del ramo, el encargado de redactar e influir para lograr el cambio de normativa tributaria que beneficia a las empresas gasísticas, según se desprende el sumario del caso. En un año, en concreto en 2015, el ahorro por los beneficios fiscales en el impuesto de la electricidad que obtuvieron las empresas gasísticas ascendió a 59 millones de euros, según confirma el presidente de Gestha, Carlos Cruzado. Si tenemos en cuenta que la reforma aún está en vigor, en diez años, la suma ascendería a cerca de 600 millones de euros. Esta cantidad podría llegar hasta los 136 millones de euros anuales (más de 1.300 en diez años), si nos atenemos a la valoración de OFICEMEN, la patronal de los fabricantes de cemento artificial en España, tal y como consta en un informe de los Mossos d´Esquadra incluido en el sumario del caso, que se ha hecho público esta semana. En concreto, en la página 98 del tomo XI. Pero hay más, el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda ha hecho un cálculo sobre la rebaja fiscal obtenida por otro cambio normativo para el sector, que se hizo siguiendo la misma pauta como se relata en el sumario. Se trata del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en 2018 (justo antes del cambio de Gobierno) el sector pudo cambiar de epígrafe y eso, según Cruzado, supuso un ahorro de un 70% en el pago del impuesto. En la instrucción se relata como la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales pagó casi 800.000 euros por "supuestos" informes a Equipo Económico (el despacho que fundó Montoro y sobre el que están todas las sospechas).

El sumario centra la investigación en el sector gasístico, pero cita otros, como el del juego, o las eléctricas renovables. En este último se da cuenta de una inyección directa de los presupuestos de Montoro de 2012 a las eléctricas renovables. Son 2.200 millones de euros, para contrarrestar el recorte a la prima a las renovables que hizo el Gobierno de Rajoy y que supuso un enfrentamiento entre Montoro y el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria. Por su parte, las empresas pagaron entre 2009 y 2015 casi 10 millones de euros a Equipo Económico, el despacho asesor investigado.

Todo esto en años muy difíciles para España con recortes, que supusieron en algo más de dos años 65.000 millones de euros, y subidas de impuestos. Tal y como recuerda Carlos Cruzado. Cruzado explica además que esta situación podría repetirse y pone sobre la mesa la necesidad de aprobar una ley que regule la actividad de los grupos de presión y que se prohíba que formen parte de estos grupos personas que hayan ocupado cargos públicos. De la misma manera pide que se mejore la Ley de Transparencia (que se conozcan las agendas de los cargos políticos, así como el contenido de las reuniones y los documentos que se manejan) y que se endurezca la vuelta a la política tras haber pasado por el sector privado. Un cúmulo de reformas por hacer, para poner pie en pared a la corrupción.