Las viviendas públicas de alquiler con opción a compra para jóvenes madrileños se han convertido en una ganga para los fondos buitre. El fondo Fidere pagó 70.000 euros por casas de 50 metros y hoy pide 180.000 a sus inquilinos por comprarlas. En una sola promoción de 1.000 viviendas, pueden sacar un beneficio de 110 millones. Los vecinos denuncian que la Comunidad está permitiendo esta práctica. Fue el Gobierno de Ignacio González quien cambió la ley en plena crisis para que los fondos pudiesen comprar estas casas y vender a ese precio. Si los inquilinos no compran, pueden subir todavía más el precio de venta o el alquiler de 600 euros actual. Este mes, todos los grupos políticos han reconocido en la Asamblea de Madrid que estos precios son abusivos y recomiendan bajarlos. Los afectados piden que esa proposición se convierta en ley antes de que tengan que comprar en septiembre. El diputado del PP en la Asamblea, José Manuel Berzal, se ha comprometido a "adecuar el precio de las casas a la realidad social y económica antes de que acabe el periodo de sesiones". De ello dependerá que los afectados sean expulsados o no del mercado de la vivienda.

-Redacción-