Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido en la mañana del viernes a las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y al Tribunal de Cuentas. Se trata de un nuevo requerimiento de documentación dentro de una investigación abierta por la Fiscalía Europea para determinar la existencia de una posible malversación de fondos de la Unión Europea en las obras de renovación, mejora de la seguridad, de la señalización y de los sistemas de comunicaciones en la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad.

La investigación se ha abierto a iniciativa propia tras el accidente ferroviario de Urda, en el que han fallecido 69 personas.