La lista de expolíticos reconvertidos a lobistas es extensa. A los ya de sobra conocidos, Montoro y su secretario de Estado, Miguel Ferré, se unen nombres como el de Alfonso Alonso, exministro de Sanidad del PP, a día de hoy CEO de Acento, la consultora que fundó Pepe Blanco, exministro de Fomento de Zapatero, o Gaspar Zarrías, que fue mano derecha de Chaves en la Junta, lobista que factura más de un millón de euros. Expolíticos que se mueven como pez en el agua en los entresijos de la Administración Pública sin ningún tipo de control. Porque a día de hoy, los lobbies siguen sin estar regulados. Las exigencias de Bruselas de un registro obligatorio de lobistas han caído, de momento, en saco roto. Sigue sin haber una normativa estatal que obligue a la transparencia o a rendir cuentas a estos grupos de presión. Los expertos reclaman, entre otras cosas, la huella legislativa, que obligaría a que se refleje qué grupos de presión han ejercido su influencia y en qué, en cada proyecto legislativo, además de obligar a publicar las agendas de las reuniones políticas.