Con esos 21.000 millones de euros extra, las comunidades deberán gestionar sus recursos públicos bajo el principio de solidaridad. Para el reparto se tiene en cuenta la población de cada autonomía: número de niños, personas mayores o parados. También la superficie o la despoblación. Aunque no acaba de convencer a todos. Hay quien ve falta de igualdad al introducirse este año el principio de ordinalidad: que el que aporte más, reciba más recursos. Un cambio que, en principio, se aplicaría solo a Cataluña. El Gobierno insiste en que con el nuevo modelo se reducen las desigualdades en financiación por habitante: si ahora son 1.500 euros, pasarían a solo 700.