La vida de Richard Rodríguez cambió cuando la crisis financiera en 2013 se lo llevó todo por delante. Perdió su trabajo como mediador social en el barrio de VIllaverde y dejó de poder pagar el alquiler de la vivienda donde residía junto a su mujer y sus dos hijas. Solicitó una vivienda social, pero no tuvo respuesta y dos años después, en 2015, dió el paso: okupó un piso vacío propiedad del BBVA. Allí sigue viviendo más de una década después. Ha logrado superar nueve comunicaciones de desahucio, la presión de la entidad bancaria, primero y después del fondo que adquirió la vivienda, Cerberus. Un juez se puso de su parte, le eximió del delito de usurpación por el estado de necesidad de la familia. Hasta la ONU consideró su caso y urgió a Epaña a dar una solución a Richard. Él intentó asegura que intentó comprar la vivienda que okupa por 50.000 euros pero el fondo buitre prefirió vendérsela a un gran tenedor. Richard se ha convertido en un símbolo de la lucha de los afectados por la falta de vivienda social. Ahora, la caída del decreto antidsahucios le hace temer quedarse en la calle. Como la suya, decenas de miles de afectados, al menos 60.000 familias, pueden ser desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional. Rosario (no quiere decir su apellido) okupa desde hace años la vivienda que dejó de pagar y ahora es propiedad de una entidad bancaria. Está angustiada, llora y grita en la asamblea de vecinos de Usera afectados por el problema de vivenda. "Nos tratan como ratas, como delincuentes, pero nosotros solo pedimos una solución, un techo", solloza.