Cuatro de cada díez hogares tiene dificultad para acceder a una vivienda y, cuando lo logra, dedica casi la mitad de sus ingresos a pagarla. Así que hay una demanda creciente, porque ha aumentado la población y se crean algo más de 200.000 hogares cada año, a la que encima se podrían sumar muchos más porque son 635.000 los contratos de alquiler, que se firmaron en 2020 en plena pandemia a precios más asequibles, los que vencen en 2026 y el alquiler ha subido un 30%, inasequible para la mayoría. Por eso, expertos como Víctor Palomo y Julio Rodríguez, que es miembro además del Consejo Asesor de la Vivienda, creen que es necesario que se apruebe un decreto ley para prorrogar estos contratos. Así como otras medidas que pasan por regular el alquiler de temporada y habitacional y hacer una apuesta clara por la vivienda social de carácter permanente. Para frenar el acaparamiento por parte de grandes tenedores y fondos de inversión, proponen medidas fiscales que desincentiven la inversión en vivienda, un mercado en auge (el año pasado se vendieron 800.000 vivendas), con amplios beneficios empersariales y una gran barrera de entrada porque el precio no para de subir. En definitiva, menos negocio y más casas para vivir.