El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy anuncua la apertura de un expediente sancionador a una gran empresa inmobiliaria que gestiona miles de viviendas de alquiler en múltiples ciudades de España. La compañía, cuya identidad no ha sido desvelada debido a que el proceso se encuentra en fase inicial, se enfrenta a multas que podrían alcanzar los cuatro millones de euros, o llegar a multiplicar entre cuatro y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.