Carlos y María José tienen una sola casa en propiedad, la alquilaron y ambos llevan un año y medio sin cobrar el alquiler. Carlos cree que fue víctima de una estafa porque alquiló su vivienda mediante una inmobiliaria a cuatro personas, tres hombres que tenían contrato laboral y una mujer que no. A los cuatro meses dejaron de pagar y fue a hablar con ellos. Los tres hombres reconocieron que nunca habían vivido en el piso. La que sí lo hacía es la mujer que se declaró después vulnerable. Por este detalle a él le han denegado la compensación pública y tampoco la desahucian porque es vulnerable. María José, jubilada, alquiló su casa a una familia con un niño. También dejaron de pagar meses después. Hasta que no los declaren vulnerables ni siquiera puede solicitar la compensación. Una compensación que según Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación "sólo el 7% de nuestros afectados llegó a cobrar". Casos como los suyos, propietarios de 1 o 2 viviendas, podrían recuperar sus hogares si el decreto de desahucios es convalidado por el Congreso. Para ello se necesita el apoyo de Junts. Si lo tumban, el Gobierno podría intentar pactar un nuevo texto. 60 mil personas corren el riesgo de ser desahuciadas si decae el escudo social.