Todos son propietarios de una vivienda en la zona de la playa del Inglés en Gran Canaria. A Tribe le ha llegado una multa de 3.000 euros por negarse a dejar su vivienda a un operador turístico tal y como obliga una ley del Gobierno canario en ciertas zonas turísticas. Remedios compró una segunda vivienda en la playa para disfrutar con su familia. En el caso de Estela no es su segunda residencia, vive allí todo el año. Si quisieran alquilarla ellos mismos, tampoco podrían. Están obligados a cederla a una empresa, perdiendo dinero. Las multas para los reincidentes pueden llegar a los 30.000 euros. Hay 70.000 afectados en las islas que se han unido para denunciar.

-Redacción-