El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha valorado la decisión de ordenar a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en España, subrayando que “ningún interés económico está por encima del derecho a la vivienda” y que “ninguna empresa está por encima de la ley”. Bustinduy ha denunciado que detrás de estos anuncios había viviendas donde residían familias, trabajadores y estudiantes que hoy se ven expulsados de sus barrios, mientras las ciudades se transforman en parques temáticos por el lucro desmedido de grandes fondos y empresas. El ministro ha explicado que los anuncios bloqueados incumplían la normativa al no incluir el número de licencia obligatorio, no indicar si el arrendador es profesional o particular -lo que afecta a la protección del consumidor- o utilizar números de licencia falsos o incorrectos, induciendo a error a los usuarios. Bustinduy ha hecho un llamamiento a ayuntamientos y comunidades autónomas para que actúen sin excusas, exigiendo la retirada de anuncios ilegales, intensificando la inspección y sanción, y aplicando la Ley de Vivienda para bajar los alquileres a las familias trabajadoras. Además, ha reiterado el compromiso del Ministerio de Consumo de colaborar con todas las administraciones para poner fin al descontrol y la ilegalidad en el mercado de pisos turísticos, blindando así el acceso a la vivienda y los derechos de los consumidores.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1.- TOTALES DE PABLO BUSTINDUY, MINISTRO DE CONSUMO