Una de cada cuatro personas que reside en España se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que equivale a más de 12 millones de ciudadanos. Este índice de vulnerabilidad va más allá de los ingresos por hogar, ya que evalúa de forma integral las carencias en la alimentación, la dificultad para afrontar gastos imprevistos, la imposibilidad de disfrutar de vacaciones o la precariedad laboral dentro de la unidad familiar. Casos como el de María Rosario, de 53 años, ejemplifican esta realidad al tener que subsistir con la pensión de su marido y trabajos puntuales, lo que la obliga a priorizar el pago de suministros básicos como la luz y el agua con un presupuesto mensual de 800 euros, dependiendo de las donaciones de alimentos para poder subsistir. La presión económica actual, marcada por el elevado coste de la vivienda y la inflación, aboca a muchos ciudadanos a recurrir a recursos asistenciales como los comedores sociales. María, otra pensionista afectada, relata la imposibilidad de afrontar el día a día cuando el coste de su alquiler asciende a casi 700 euros de una prestación total de 800 euros mensuales. Aunque tres de cada cuatro personas en situación de pobreza son de nacionalidad española, el problema también impacta de forma severa a la población inmigrante que llega al país sin recursos. Ante esta situación, organizaciones no gubernamentales desarrollan labores de acompañamiento y donación de bienes básicos como ropa para mitigar el impacto de una crisis que dificulta incluso el acceso a la vestimenta.