V054-SEVILLA CRITICAS MANIFESTACIONES JUEZ VIOLENCIA DE GENERO

Las declaraciones de un juez de familia madrileño en unas jornadas jurídicas organizadas en Madrid por el ilustre Colegio de Abogados, están teniendo repercusión entre los profesionales que habitualmente trabajan temas de familia. Ángeles Carmona, antigua presidenta del Observatorio Nacional para la Violencia de Género y actualmente letrada de la Administración de Justicia en Sevilla, no comparte las afirmaciones del magistrado que apuntan a un uso torticero por parte de las mujeres de los mecanismos de protección contra la violencia de género. Según el juez de familia de Madrid, algunas mujeres podrían estar utilizando denuncias por violencia de género para evitar la custodia compartida, ya que existe un artículo que excluye de esta forma de custodia aquellas personas inmersas en un proceso judicial tras una denuncia. Para Ángeles Carmona, declaraciones como esta ponen en duda la veracidad de las denuncias sobre violencia de género, algo que constituye un asunto muy serio. Explica Carmona que los datos desmienten esta afirmación de que las mujeres buscan estas órdenes de protección de forma oportunista, explicando que en el 75 % de los casos estas órdenes se conceden después de un análisis judicial estricto en el que analizan el riesgo inminente para la integridad de la víctima. Aclara que la ley prohíbe la custodia compartida en casos de violencia de género, ya que un maltratador no puede considerarse un buen padre porque existe el riesgo de que ejerza la violencia vicaria sobre los hijos. Carmona también se ha referido a las declaraciones en las que se hablaba del síndrome de alienación parental, explicando que dicho síndrome no tiene base científica y que las instituciones internacionales recomiendan no utilizarlo para evitar que se suspendan regímenes de visitas necesarios para proteger los menores. Advierte Carmona de que este tipo de mensajes son perjudiciales porque generan miedo en las víctimas, y recuerda que la denuncia es la única vía para activar los mecanismos de protección y evitar la impunidad de un presunto agresor.