Ante la posible entrada en vigor de la normativa que obligaría a Renfe a recuperar las anteriores políticas flexibles, los usuarios opinan que sería una buena medida que implicaría un compromiso, que al menos compensaría la tardanza que muchos trenes tienen ahora… o que siendo Renfe un servicio público es lo más normal.

Sin embargo, hay quien cree que esa misma norma habría que aplicarla también al resto de operadoras aunque sean privadas.

El gobierno por su parte ya ha dicho que va intentar encontrar “resquicios jurídicos” para que esa ley no llegue a aplicarse. En principio, debería entrar en vigor el 1 de enero del 2026.

Según el abogado Ángel Pozo, la norma “Es aplicable, es legal pero se aplicará o no dependiendo de la voluntad. El Gobierno Tiene en su mano instrumentos jurídicos para retrasar su aplicación”

Según Pozo el Gobierno tiene la obligación de aplicar las leyes que se aprueban en el parlamento. “No puede aplicarlas parcialmente o modificarlas”. Tal y como defiende el ministerio de transportes, este abogado cree que la nueva ley puede parecer contrario al principio de igualdad y libre competencia el hecho de que se obligue a una empresa pública y no obligar al resto, “Pero hay que tener en cuenta que es empresa pública que ya tiene atribuidas obligaciones de servicio público, como por ejemplo mantener rutas que no son rentables. Por lo tanto, esta sería una obligación más que tendría que asumir Renfe”

Desde el punto de vista de Pozo, a partir de aquí habría 4 opciones 1 claudicar, 2 argumentar que es potencialmente contraria a la directiva que aboga por el principio de igualdad, 3 negociar su derogación con distintos grupos parlamentarios, 4 interponer un recurso de constitucionalidad.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1. RECURSOS ESTACIÓN TREN SANTA JUSTA
2. TOTALES USUARIOS TREN
3. TOTAL ÁNGEL POZO. ABOGADO