La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ha introducido un giro inesperado en las relaciones entre caseros e inquilinos.

El decreto de alquiler indefinido obliga al propietario a pagar un año de renta si echa al inquilino sin causa justificada. Esto supone blindar la estabilidad de los arrendatarios penalizando a los caseros que rescindan contratos al vencimiento sin justificación.

Es el punto más caliente del nuevo decreto de vivienda que establece que, una vez cumplido el periodo de prórroga obligatoria (5 años si el propietario es un particular, 7 si es una empresa), si el arrendador decide no renovar el contrato sin una causa legalmente justificada, deberá indemnizar al inquilino con el pago de 12 meses de alquiler.

Esta medida, diseñada para frenar las expulsiones arbitrarias y dar estabilidad a las familias, ha levantado todo tipo de opiniones.

En el barrio de Los Remedios la acogida entre los inquilinos es de alivio generalizado. En la otra cara de la moneda se encuentran los pequeños propietarios, quienes miran la nueva normativa con recelo y una profunda sensación de inseguridad jurídica.

El debate sigue abierto. Mientras los inquilinos ven la medida como un derecho histórico para consolidar el hogar, los propietarios alertan de que estrangular las reglas del juego solo provocará que desaparezcan más pisos del mercado.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1.-RECURSO PROPIETARIO

2.-TOTAL. AUGUSTO PORTERO

2.-RECURSO PROPIETARIO

4.-TOTAL. FRANCISCO GÓMEZ