La modificación que estudia la parte socialista del Ejecutivo es recuperar las mismas penas que existían desde 2010 en caso de violencia o intimidación.Y manteniendo el consentimiento en el centro del régimen penal. Pero eso no convence en absoluto al ministerio de Irene Montero. Creen que supondría atentar, precisamente, contra el núcleo de la ley, el consentimiento. Asumen que ninguna modificación penal revertirá la reducción de las penas que se están produciendo pero el Ministerio de Igualdad está dispuesto a subir las penas siempre con esta condición. Así que, si no se llega a un acuerdo con Podemos, los socialistas presentarán su propia propuesta en el Congreso. Una reforma que contaría con el apoyo del PP.

-Redacción-