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Ha empezado tensa la relación entre el nuevo Gobierno y el poder judicial. Y todo a cuenta de unas declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las que aseguraba que la justicia española había sido humillada por la europea en relación con el 'procés'. El malestar entre los jueces hizo que su órgano de gobierno se reuniera de manera extraordinaria. Los 8 miembros de su Comisión Permanente suscribieron por unanimidad una declaración en la que piden "responsabilidad institucional" al Ejecutivo para evita el "cuestionamiento de la independencia de los jueces". Y todo eso, aseguran, "desde el más absoluto respeto" a la "libertad de expresión". Justo a ese argumento se ha acogido el Gobierno en su respuesta al poder judicial, en una defensa, sin nombrarlo, del vicepresidente Iglesias. El Ejecutivo está de acuerdo con el derecho a la crítica y la defensa del diálogo pero asegura que "es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la justicia". La polémica llega apenas horas antes de que el CGPJ se pronuncie sobre el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

-Redacción-