Atlas agencia

Ya hay decisión del Tribunal Supremo sobre la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel. Tras marcharse a Suiza y no comparecer ante el Alto Tribunal, el juez Pablo Llarena ha puesto en marcha una orden de detención nacional de Anna Gabriel. La fiscalía y la acusación popular iban más allá. Pedro Hernández, de la acusación particular que lleva a cabo VOX, solicitaba también orden internacional. A lo que la fiscalía añadió su ingreso en prisión ante el evidente riesgo de fuga. Al no pedir una orden de detención internacional deja a la exdiputada de la CUP en una situación similar a la de Carlos Puigdemont. Llarena evita el 'encontronazo' entre el Gobierno español proclive a su extradición y las autoridades suizas que ya anunciaban su rechazo. El Código Penal del país helvético contiene delitos contra las Constituciones de sus Regiones o por el intento de separar una parte de su territorio. Delitos que podrían equipararse a la rebelión o sedición que se imputan a Anna Gabriel. Pero un portavoz del Departamento de Justicia suizo considera que España está juzgando un delito político. Un concepto que, sin embargo, no existe en nuestro país.

-Redacción-